Víctimas encabezaron acto de conmemoración de la JEP por los 5 años del Acuerdo de Paz en Colombia

Colombia

Este miércoles 24 de noviembre en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Bogotá, se realizó uno de los diversos actos de conmemoración por los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

El evento inició precisamente con las voces de las víctimas: tres representantes de las nueve millones de víctimas que dejó el conflicto colombiano encabezaron el acto central, llamado “Tejiendo un acuerdo para la vida”, para conmemorar aquella refrendación ocurrida en 2016 en el Teatro Colón de la capital colombiana. 

Ese día la guerrilla de las FARC-EP logró firmar un acuerdo de paz con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, después de cuatro años de tensas negociaciones en La Habana, Cuba, para poner fin a más de 50 años de guerra en el país.

Diana Sofía Martínez, hija del desaparecido Edwin Martínez, retenido hace 20 años por las Farc; Débora Barros, lideresa indígena que perdió a su familia en la guerra, y José Antequera Guzmán, “hijo del asesinado 721 en el genocidio de la UP” -del político José de Jesús Antequera Antequera- ofrecieron conmovedores discursos sobre la importancia del acuerdo, sobre los desafíos que persisten en su implementación y las peticiones que las víctimas le hacen tanto al Estado colombiano como a los victimarios de la guerra.

“Tejiendo un acuerdo para la vida” también contó con la participación de los dos firmantes del acuerdo: el expresidente Santos y el exguerrillero Rodrigo Londoño Echeverry, así como con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Colombia, Iván Duque. 

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También asistieron los presidentes de los pilares del Sistema Integral para la Paz: el sacerdote Francisco de Roux, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; Luz Marina Monzón, dela Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y Eduardo Cifuentes, de la JEP.

Dentro de las novedosas exigencias que las víctimas hicieron en sus discursos está por ejemplo la hecha por Diana Martínez, quien pidió “mover las voluntades” para prestarle atención a la salud mental de las víctimas. “Debe crearse un instituto nacional para la salud del posconflicto. No debemos dejar a cada uno con la tarea”, aseguró la hija de uno de los más de 100 mil desaparecidos del conflicto, que según ella persiste como crimen. También pidió a los encargados de implementar la paz “menos protocolo y más calle”.

Por su parte, Débora Barros se definió como voz de los nueve millones de víctimas de la guerra. Si bien aseguró que el proceso ha resistido a las dificultades, pidió mayor voluntad del Estado, que sea más eficiente. “La paz no es solo la firma del acuerdo; debe verse en realidades”, y añadió que las víctimas deben ser protagonistas del proceso, pero desde los territorios.

De igual forma Antequera Guzmán resaltó la labor del sistema integral de Justicia y Reparación, pero centró sus críticas en la memoria del país, en la labor del Centro de Memoria Histórica y en la hasta ahora incumplida promesa del museo de la memoria. “El tema de la memoria no es un campo de batalla, un campo para colonizar, la batalla simbólica y cultural", afirmó. "Hacia el futuro necesitamos conciencia del dolor y del sufrimiento de las víctimas. Cuando no haya JEP, y otras, lo más importante será el Museo Nacional de la Memoria. Una tarea que llevará décadas en cumplirse”.

Después de las palabras de los representantes de las víctimas, el acto continuó con el discurso del presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien enumeró lo conseguido por la Jurisdicción desde marzo de 2018: se han dictado más de 50 mil providencias. Por ejemplo, sobre secuestro, el macro caso 01, se han abarcado 21 mil hechos punibles, y sobre ejecuciones extrajudiciales se han documentado 6.402 asesinatos.

En ese sentido habló de la participación de cerca de 835 mil víctimas en los procesos. “Nunca más se podrá aspirar al poder por la violencia y pisotear a la gente desde el Estado”. 

Para Cifuentes la justicia restaurativa “no es una espada de venganza”, sino un espacio de reconciliación, aunque advirtió que el asesinato de excombatientes pone en peligro el proceso: "Una Jurisdicción que descansa sobre los aportes genuinos y espontáneos de verdad arriesga a marchitarse si el temor se erige en obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz".

El magistrado concluyó que el país “precisa ser reconstruido desde sus propias entrañas, un ejercicio de memoria de perpetradores y víctimas”.

Tras estas intervenciones las palabra fue tomada por los firmantes del acuerdo en 2016: el expresidente Santos y el actual líder del partido político Comunes -resultante del acuerdo-, Londoño Echeverry, antes conocido como Timochenko.

El primero recordó las bondades del acuerdo de paz, ya que aseguró que el 95% de los firmantes excombatientes han permanecido en la reincorporación, a pesar del asesinato de más de 300 de sus excompañeros. “El tren de la paz, que han querido descarrilar, sigue andando, gracias a la ONU y su Consejo de Seguridad que ha apoyado a través de diversas resoluciones”. 

También le hizo un guiño al presidente Iván Duque al afirmar que recientemente “se ha subido a la paz” y reveló que el actual mandatario estaría explorando nuevos caminos para dialogar con la guerrilla activa del ELN. “Encontrará apoyo nuestro, de la ONU y la comunidad internacional”.

Por su parte, en un corto discurso el otrora líder de las FARC, Londoño Echeverry, reiteró sus críticas al Estado por su falta de voluntad para la implementación integral del Acuerdo. Defendió como “activa y propositiva” la participación de los exguerrilleros en la Jurisdicción de Paz y concluyó que hoy los excombatientes tienen una mayor comprensión del dolor de las víctimas, que los “llena de aflicción”.

Los discursos protocolarios terminaron con las palabras del presidente Duque, minutos después de los mensajes en video enviados por los líderes de los países garantes y amigos del proceso: el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el expresidente del Gobierno español, Felipe González.

Duque, respondiendo a la metáfora de Santos, inició sus palabras preguntándose: “¿Dónde está el tren de la paz?, se encuentra en nuestra Constitución política, faro y guía de la sociedad”. Agregó que el “tren de la paz solo le pertenece al pueblo colombiano”.

De igual forma el mandatario respondió a los posibles diálogos con el ELN, pero reiteró que, como siempre ha dicho, debe ser después de la liberación de todos los secuestrados y luego de que le pongan fin a todos los actos criminales. Calificó como una “burla” si las negociaciones se hacen en medio de estos criterios.

Duque afirmó que en estos procesos de paz la conquista más grande es que se ha logrado evidenciar “ese relativismo moral sobre la violencia. No existen causas objetivas para justificar el secuestro, reclutamiento de menores o colocar minas antipersonales. Reconocer que no existen esas causas es el triunfo de la democracia”.

Habló de las claves para sacar los acuerdos adelante, que son la no impunidad a través del fortalecimiento de la justicia nacional y la evolución del derecho internacional a través del Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional como entes complementarios, así como una exitosa reincorporación como base del proceso.

En cuanto a los logros de su Administración, en tres años y cuatro meses de avance del proceso, afirmó que “nos alegra que el 95 por ciento de los reincorporados tengan acceso a la seguridad social y que los que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tengan soluciones de vivienda y proyectos de vida”. 

También se refirió a los cerca de tres mil proyectos productivos individuales y al avance de otros tantos colectivos. Afirmó que han sido cerca de “nueve billones de pesos en inversión en esa Colombia profunda”.

Su intervención concluyó con una respuesta a una de las víctimas y dijo que antes de terminar su mandato, en el 2022, esa deuda de la creación del Museo de la Memoria quedará saldada.

AA