Las contradicciones de México para abordar la migración desde Centroamérica

Por: Alejandro Melgoza Rocha

Desde que en octubre de 2018 comenzaron a partir las llamadas “caravanas migrantes” desde la frontera sur entre México y Centroamérica hacia Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, inició una campaña de acusaciones contra el Gobierno mexicano a través de pronunciamientos públicos y de sus redes sociales.

La última de ellas fue durante su visita oficial a Reino Unido, donde insistió en que México no está haciendo “nada” para frenar “la invasión de migrantes ilegales”.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó su Gobierno, en diciembre de 2018, ha mantenido una postura de brindar atención humanitaria a los migrantes.

Esta política quedó plasmada, de manera detallada, en el Plan de Desarrollo Integral (PDI) México-Honduras-Guatamala-El Salvador, realizado en colaboración con la Cepal y cuyo objetivo es el de promover el desarrollo socioeconómico de la región.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno de izquierda ha dado instrucciones de último momento de desplegar al menos 6.000 elementos federales pertenecientes a la Guardia Nacional alrededor de la frontera sur-sureste, con los cuales busca formar un cinturón de seguridad fronterizo.

Para las organizaciones de derechos humanos esto es una "contradicción”, resultado de la presión del mandatario estadounidense sobre el gobierno mexicano, ya que Trump ha asegurado que si no se frena el flujo migratorio, a partir del 10 de junio se le impondrá un arancel del 5% a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos.

Rubén Figueroa, coordinador de la organización Pueblo Sin Fronteras, considera que el panorama que se vive es lejano a las declaraciones de López Obrador, quien había prometido, entre otras cosas, que a los migrantes se les otorgaría visas de trabajo. Estas afirmaciones “se diluyen con la decisión de enviar 6.000 elementos federales que se suman para frenar su tránsito por territorio mexicano”.

“El tema de los derechos humanos está sujeto a acuerdos comerciales con el gobierno de Estados Unidos y se prioriza más esa relación, que se da a base de presiones del gobierno de EEUU a México, y se deja a un lado la responsabilidad y respeto a derechos humanos de migrantes”, añade Figueroa.

Acciones

Según el informe ‘Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes’, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las caravanas masivas comenzaron en octubre de 2018, y en su mayoría están compuestas por hombre procedentes de Honduras y El Salvador.

La CNDH asegura que estas personas migran por motivos que van desde los altos niveles de violencia, las amenazas de grupos delictivos, hasta la falta de alternativas para “hacer frente a circunstancias adversas”, tales como la pobreza y el desempleo.

Cuando el presidente López Obrador tomó posesión, una de sus primeras propuestas en la materia fue desarrollar el programa de visas de trabajo a migrantes, con el fin de brindarles condiciones dignas en el país y evitar que continuaran su viaje hacia Estados Unidos; incluso sugirió que trabajarían en el megaproyecto del Tren Maya.

Después, a raíz de la llegada de miles de migrantes a las capitales mexicanas, el Gobierno dio instrucciones de que se les diera atención integral en mega albergues, donde instalaron comedores y consultorios médicos, y donde hacían presencia delegaciones de diferentes oficinas de derechos humanos que verificaban las condiciones del lugar.

La prensa y organizaciones internacionales vieron con buenos ojos a la nueva administración, en contraste con la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, quien se caracterizó por la militarización de la frontera.

Para febrero de este año, López Obrador presentó una estrategia de protección a migrantes en Estados Unidos, consecuencia de los tratos crueles que les habían dado los agentes de ese país, quienes separaron a algunos niños de sus familias, hecho que ha sido altamente cuestionado por la comunidad internacional.

“Tratamos el tema migratorio con un enfoque distinto a lo que se había concebido y aplicado en los últimos tiempos, atendiendo el fenómeno en lo estructural”, dijo el 28 de febrero, en una conferencia de prensa, el actual mandatario mexicano.

Uno de los últimos golpes del gobierno mexicano se dio este miércoles, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de presuntos traficantes de migrantes y organizadores “ilegales” de la caravana migrante.

“Se identificó un grupo de personas que en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban, desde Chiapas y Querétaro, operaciones (financieras) inusuales a distintos países”, dijeron en un comunicado.

Fracaso en un instante

López Obrador publicó, vía Twitter, una carta que envió el pasado 30 de mayo a Donald Trump en la que le pidió que actuaran con prudencia y diálogo para resolver el asunto migratorio.

“Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto sino por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto”, apuntó en la carta.

Al día siguiente de enviada esta misiva, una delegación de la cancillería, representada por el secretario Marcelo Ebrard, viajó hacia Estados Unidos con el objetivo de negociar con Jared Kushner, asesor y yerno del jefe de Estado. Sin embargo, estas negociaciones no prosperaron.

El 3 de junio Trump amenazó a México con la imposición de aranceles y tres días después la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, anunció que habría un despliegue en Tapachula, Chiapas, ciudad que colinda con Guatemala, un hecho que ha sido calificado por la prensa como “una militarización” de la zona.

Posteriormente, el 5 de junio, la delegación mexicana se reunió con el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, para exponer los daños que podrían implicar este incremento arancelario. No obstante, Pence y los funcionarios estadounidenses se han mantenido en su posición de detener el flujo migratorio antes del 10 de junio.

Estados Unidos pretende que para frenar la migración se construya un muro en la zona del Istmo de Tehuantepec y que haya vigilancia en los 12 puntos de entrada de la frontera.

Si bien López Obrador no se ha pronunciado sobre esta decisión, anunció que este sábado hará un mitin en contra de los aranceles en Tijuana, Baja California, acompañado de congresistas y gobernadores de todo el país.

Agencia Anadolu