AA - Este miércoles 12 de mayo Colombia completa dos semanas de paro nacional continuo e indefinido en contra del Gobierno del presidente Iván Duque.

El lunes hubo una primera reunión entre la administración Duque y los líderes del Comité Nacional del Paro, pero no se alcanzó ningún acuerdo entre las partes.

Por ello, los voceros del paro convocaron a una nueva jornada nacional de manifestaciones para el miércoles argumentando falta de empatía del Gobierno.

En Bogotá el punto principal de reunión será el Parque Nacional. La cita es a las 9 de la mañana y el destino será la Plaza de Bolívar.

Hay otros puntos de encuentro en la Autopista Norte con calle 170, en la Universidad Pedagógica Nacional o en la localidad de Suba (noroccidente), en la Universidad Nacional de Colombia, la Plazoleta del Rosario (centro); y otros más en el sur de la ciudad.

Pero la convocatoria se mantiene, como desde el primer día de manifestaciones, en todas las ciudades y municipios principales del país. En Medellín, Cali, Tunja, Bucaramanga, Armenia, Pereira, entre muchas otras, varios sectores han anunciado movilizaciones.

Además, se esperan actos simbólicos desde diferentes sectores como indígenas, estudiantes o artistas.

Sin acuerdo entre Gobierno y líderes del paro

Este martes, el presidente Duque Márquez llegó sorpresivamente a Cali, ciudad que ha sido el epicentro de las protestas y la violencia desde el pasado 28 de abril, cuando inició el paro.

Allí se reunió con autoridades locales, rectores, empresarios, representantes de gremios, congresistas y otros sectores e hizo algunos anuncios.

Uno de ellos fue gratuidad en la matrícula para educación pública universitaria, técnica y tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 este segundo semestre del año.

Y más tarde, se refirió a uno de los puntos que ha desatado el malestar general en el país: la actuación de la fuerza pública como respuesta a las manifestaciones.

“Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta de la Constitución y la Ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se imparten en la garantía de los derechos humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan”, dijo.

El presidente recalcó que “la directiva (…) es cero tolerancia con cualquier conducta que atente contra la Constitución y la Ley”, pero también reclamó “que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la Fuerza Pública”.

Según Duque, se han adelantado 65 acciones disciplinarias: 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio, 19 por otras conductas” y que se han abierto 10 investigaciones en la Procuraduría, 20 en la Fiscalía y seis en la justicia penal militar.

Además, precisó que se han capturado 677 personas “por hechos vandálicos o delincuenciales”.

Aunque Duque se refirió brevemente a este punto, los voceros del paro siguen exigiendo la desmilitarización de las ciudades, una clara condena por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los agentes de la Policía contra los manifestantes y garantías para el “ejercicio de la protesta pacífica”.

En una rueda de prensa en la noche del martes, las centrales obreras y del gremio educativo ratificaron su disposición para ir a las calles.

Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Francisco Maltés, presidente de la CUT; Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); y William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), insistieron en peticiones que le han hecho al Gobierno Duque desde 2018 y criticaron la negativa del presidente de condenar lo que llamaron como “masacre contra los jóvenes” que han protestado.

Balance

Los colombianos salieron a las calles desde el pasado 28 de abril para rechazar una reforma tributaria impulsada por el Gobierno Nacional, pero aunque el proyecto fue retirado del Congreso y su autor, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, renunció, las manifestaciones sociales no han cesado.

Por el contrario, la situación se ha complicado en varias partes del país siendo el epicentro la ciudad de Cali, donde por días la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y grupos indígenas han sido atacados, incluso, con armas de fuego.

Los bloqueos registrados ya generan desabastecimiento de ciertos alimentos y productos y alza de precios en varias ciudades colombianas.

El saldo de las dos semanas de protesta es preocupante, aunque distinto según las fuentes. La Defensoría del Pueblo habla de 42 fallecidos (41 civiles y un agente de Policía). El Ministerio de Defensa menciona 33 muertos (32 civiles y un policía). Pero organizaciones como Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabiliza 40 homicidios, 12 víctimas de violencia sexual, más de mil detenciones arbitrarias y más de 500 desaparecidos.

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